El Real Decreto 189/2013, de 15 de Marzo, abre las puertas a la posibilidad de impartir certificados de profesionalidad por iniciativa de los centros privados, acreditados para ello por la administración. Hasta la fecha los centros privados tenían que esperar a que esta formación estuviera subvencionada por la administración (normalmente los servicios autonómicos de empleo) para poderla impartir, lo que supone limitar el mercado, más aún cuando existen cada vez menos recursos públicos para la formación y más necesidad de personas formándose por la destrucción de empleo existente.
La ventaja de la impartición a través de la subvención, supone que los cursos de CP son gratuitos pero no cubren todo el mercado y los periodos de realización dependen de las adjudicaciones y no de cuando es el mejor momento temporal para su realización, produciéndose momentos de concentración de la oferta y momentos de secano, independientemente de la demanda, o tener que realizar, a modo de ejemplo, un curso de jardinería en Diciembre y no en el momento más idóneo para su ejecución, primavera.
Abrir el mercado público-privado supone posibilitar una oferta abierta todo el año y que las personas que no han podido acceder a los cursos certificables subvencionados, puedan optar en función de sus recursos a la oferta privada.
Es verdad, que no es tampoco el mejor momento para que las personas dispongan de medios económicos para la formación, pero son conocedores de la llave que supone para el empleo, y es considerado una inversión más que un gasto que están dispuestos a realizar. El certificado de profesionalidad tiene como ventaja frente a otros cursos, que es titulación de la administración laboral en ocupaciones de familias profesionales y tiene reconocimiento y validez en cualquier otra Comunidad Autónoma.
Supone una importante oportunidad para las entidades locales, que pueden apostar por invertir recursos propios u obtenidos a través de subvenciones, para cualificar a las personas desempleadas de su municipio, financiando total o en parte certificados de profesionalidad que potencien y reactiven económicamente su zona o comarca, contando para ello con centros privados. Las posibilidades son múltiples, cursos pagados mitad alumnos-ayuntamiento, financiados 100% por los ayuntamientos o en diferentes partes ayuntamiento-alumnos/as. Posibilita realizar diseños a medida de las necesidades de las zonas, para desarrollar de manera ordenada en el tiempo las actividades formativas prioritarias, de forma presencial o mediante teleformación (mejora sustancial que regula también este Real Decreto) y aplicando recursos que tienen o van solicitando en función de sus necesidades.
Los recursos destinados por las entidades locales a formación pueden ahora reorientarla a certificados de profesionalidad que es acreditable para muchas y diferentes ocupaciones, planificando y realizando esta formación a lo largo del tiempo, mediante módulos y unidades formativas acreditables.
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